La Comisión Europea ha conseguido este lunes el apoyo de una mayoría de países suficiente para seguir adelante con su propuesta de prohibir durante dos años el uso de los tres neonicotinoides más frecuentes como plaguicidas en la siembra del girasol, la colza, el algodón y el maíz, por los riesgos que plantean para la salud de las abejas.
Bruselas espera que la medida entre en vigor en diciembre de este año.
Un total de quince países han dado su visto bueno al veto de dos años, incluidos Alemania y Bulgaria, países que en reuniones anteriores se abstuvieron, y España, que ya se mostró a favor meses atrás, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. En contra han votado ocho delegaciones, entre ellas Reino Unido e Italia, y se han abstenido cuatro países.
Este voto no supone una mayoría cualificada suficiente para adoptar automáticamente la medida, pero sí impide que los países contrarios formen una fuerza de bloqueo, por lo que "da a Bruselas la autoridad para adoptar" el veto, explican desde el Ejecutivo comunitario.
La medida podría afectar a un tercio de las semillas preparadas en la UE y España es uno de los principales productores, por lo que inicialmente pidió aplazar cualquier decisión hasta tener más datos científicos concluyentes, aunque finalmente se pronunció a favor en una primera votación celebrada en marzo.
Poco después del voto, el comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, ha declarado que su plan "se basa en una serie de riesgos para la salud de las abejas identificados por la Autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA)" y se ha comprometido a hacer todo lo posible para proteger a estos insectos, "vitales para nuestros ecosistemas". La producción apícola supone 22.000 millones de euros para la agricultura europea, según Borg.
El comisario quiso inicialmente que las medidas restrictivas entraran en vigor a partir del próximo julio, pero finalmente propondrá su aplicación desde el 1 de diciembre de este año. Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que este retraso se debe al requisito legal de notificar los cambios con tres meses de antelación, pero también a la voluntad de dar a los productores el tiempo necesario para adaptarse.
Elementos de la propuesta
La propuesta se basa en el principio de precaución a partir de un informe de la EFSA que señala tres plaguicidas de la familia de los neonicotinoides comercializados en Europa por Bayer y Syngenta: clotianidina, tiametoxam e imidacloprid.
Estos químicos pueden afectan al sistema nervioso de los insectos causándoles parálisis y hasta la muerte, pero no suponen un riesgo para la salud humana.
Bruselas quiere que se limite el uso de estos plaguicidas a profesionales y que se impida su aplicación en semillas, granos o plantas y cereales que resulten "atractivos" para las abejas. Si bien prevé la posibilidad de excepciones para cultivos dentro de invernaderos y, en el caso de cultivos a cielo abierto, "solo después de la floración".
Además, el comisario se compromete a revisar la medida en un plazo de dos años y tan pronto como haya nuevos datos científicos y avances técnicos.
Greenpeace
En un informe reciente de Greenpeace, El declive de las abejas, la ONG ya identificó siete plaguicidas tóxicos para las abejas que son producidos por Syngenta, Bayer, BASF y otras empresas, cuatro de los cuales no son neonicotinoides. Greenpeace puso en marcha una campaña para eliminar estos plaguicidas del mercado como un primer y crucial paso para iniciar el abandono de la agricultura industrial en Europa.
Prohibiciones parciales de neonicotinoides ya están en marcha en Italia, Francia, Alemania y Eslovenia, sin impactos negativos significativos en la producción agrícola.
"El declive de las abejas es uno de los efectos más evidentes y visibles de un fallido modelo de agricultura industrial, que contamina nuestro medio ambiente y destruye los mejores aliados naturales de los agricultores, los polinizadores. Los responsables políticos europeos deberían alejar la financiación de la agricultura química intensiva y promover la agricultura ecológica", ha concluido Lus Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace.
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